Tras cinco meses de investigación, la PDI logró dar con una organización criminal que vendía licencias médicas falsas, incluso sin atención a pacientes. Ahora, el Ministerio Público busca llevar a la justicia también a los compradores de dichas licencias.

El jueves 8 de diciembre fueron formalizadas 30 personas en el caso de Licencias Médicas Electrónicas (LME) falsas, entre ellas 26 médicos acusados de defraudar al fisco por al menos 55 mil millones de pesos, según el Consejo de Defensa del Estado. La gran mayoría de los médicos son de nacionalidad colombiana.

A los profesionales de la salud se suman 4 captadores, que tenían la función de buscar clientes que querían una licencia rápida e incluso sin necesidad de atenderse presencialmente. Todos fueron acusados de fraude, lavado de activos y asociación ilícita.

Tras la formalización, ocho de los individuos quedaron en prisión preventiva, mientras que a los demás se les decretó las medidas cautelares de prohibición de emitir licencias médicas, arresto domiciliario total y arraigo nacional.

El trabajo de la Policía de Investigaciones se venía dando desde hace 5 meses. Los sujetos comenzaron a operar en el 2020, cuando muchas personas acudían por licencias médicas en medio de la pandemia. Sin embargo, la fuerte alza de LME fue encendiendo las alarmas. Si en un año normal un médico otorgaba entre 105 y 140 licencias médicas, los imputados llegaron a emitir más de 1.600 LME en el mismo período. Esto no era posible, ya que se traducía en emitir una licencia médica cada dos minutos.

En ese contexto, Inmune ha presentado ya querellas contra más de 450 médicos sospechosos de cometer fraude. Si la Justicia determina su culpabilidad, arriesgan sanciones que van desde la reclusión menor en sus grados mínimo a medio, multas entre 50 y 500 UTM o la inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo que dure la condena.

“El daño que le hace al sistema no es solo económico. Fonasa ha perdido 25,4% de su presupuesto, mientras que en las Isapres el perjuicio es por sobre los $850 millones de dólares. Esto también provoca una razonable desconfianza en las contralorías médicas del sistema de salud, tanto público como privado, generando un círculo vicioso donde los más afectados son los trabajadores honestos que muchas veces ven demorados sus pagos”, indica Rodrigo Varela, Gerente Legal de Inmune (https://www.ceroausentismo.cl/).

Desde el Gobierno, alertaron que los compradores de licencias médicas fraudulentas también serán buscados. “No solo se va a perseguir a quienes han emitido estas licencias, sino que también a quienes las han comprado, a las personas que se han beneficiado de esto y han defraudado al sistema de Salud”, aseveró la ministra del Interior Carolina Tohá. Al respecto, Varela comenta que “este es un delito que no distingue entre el comprador y el vendedor. En el caso del comprador es una sanción que va desde los 61 días a 3 años de cárcel y multas que superan los 3 millones de pesos”.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, en tanto, explicó que a los médicos formalizados “el título no se les puede quitar, pero sí la suspensión de la emisión de licencias que en este momento es de dos meses y se puede ampliar a tres y se les aplica multas”. Respecto al sistema de emisión electrónica de licencias, adelantó que “vamos a hacer un control más estricto y vamos a integrar el registro electrónico para que no haya tanta vulnerabilidad del sistema”.